No tenemos protección

Un reportaje de Roberto Ramírez y Ramiro Guevara

Nota: La siguiente investigación se realizó entre julio y agosto del 2020, el año de la pandemia.

De enero a diciembre del 2018, la base de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de MINSAL, contabilizó más de 130 casos de intoxicación por 6 tipos de plaguicidas en la zona occidental, y la zona oriental más de 80. Las cifras continuaron el año siguiente (2019): la zona occidental reportó alrededor de 150 casos, y oriente, otra vez, más de 80, siendo Santa Ana y San Miguel los departamentos más afectados.

Una ley que no cambia (1973. El Salvador, Centroamérica)

Durante el gobierno de Arturo Armando Molina, El Salvador se vio obligado a articular leyes capaces de proteger al medio ambiente, debido a la presión internacional que los movimientos ecologistas, como la Greenpeace (fundada en 1971), ejercían en la opinión pública y el debate político. Bajo este contexto surge la Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para uso Agropecuario.

Dicha ley le da facultades a los Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), y de Salud (MINSAL), para unir esfuerzos con el objetivo de regular, auditar, inspeccionar y sancionar, cuando así sea conveniente, a aquellos agricultores o industrias agrícolas que no cumplan con los protocolos dictaminados por el mismo MAG, ante el uso de químicos nocivos en plantaciones, los cuales formaron parte de estas nuevas tecnologías que la ciencia, en esos años, impulsaba para mejorar la producción y protección de productos agrícolas. 

Cuatro años después, en 1978, la ley tuvo un cambio ligero en uno de sus artículos. Sucedió de nuevo en 1980 y 1993. Para este entonces, las normas que contemplaba la legislación, seguían siendo del tipo regulativa, mas no prohibitivas. 

El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 1999, cuando El Salvador ya había entrado en un periodo de posguerra, propuso una lista de plaguicidas que son altamente dañinos para la salud y el medio ambiente, en donde se enlistan alrededor de 50 tipos de químicos, que en otros países ya estaban causando problemas. 

Entre esos plaguicidas que se enmarcaban en esa lista, surgía uno que en palabras del ingeniero agrónomo Mario Díaz, es uno de los más utilizados en el país. 

El paraquat, o: dicloruro de 1,1’-dimetil-4,4’-bipiridilo.

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Según el banco de datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica (VIGEPES) del Ministerio de Salud, la zona oriental y occidental son las que todavía, desde el 2018, siguen reportando personas intoxicadas por plaguicidas. El paraquat -enlistado como uno de esos que ya no tendría que circular, según la ONU-, registrado como bipiridilo, se hace de cifras como que en 2018, Santa Ana reportó 16 intoxicaciones, Sonsonate y Ahuachapán 4. 

En datos generales, la VIGEPES registró más de 130 casos de intoxicación, por 6 tipos de plaguicidas distintos (fosfamina, piretroide, carbamato, organofosforados, ditiocarbamato, y paraquat) en occidente de enero a diciembre del 2018. Y el mismo año la zona oriental recibió más de 80. Las cifras continuaron intoxicadas en el 2019: la zona occidental reportó alrededor de 150 casos, y oriente más de 80, siendo Santa Ana y San Miguel los dos departamentos más afectados. 

Una publicación de la Fundación para la Aplicación del Derecho (FESPAD), fechada el 13 de septiembre de 2013, anunció la votación a favor de 45 diputados de la Asamblea Legislativa, para la reformulación de la ley que en 1973, se vino como parte de las buenas nuevas del gobierno militar de Arturo Molina. 

La Mesa para la Soberanía Alimentaria, formada por organizaciones civiles, exigía en ese año una renovación a la ley, para que ésta sea restrictiva y no sólo regulatoria. La Mesa alegó la información que dio a conocer el programa de las Naciones Unidas sobre los plaguicidas que deberían retirarse del mercado por su nivel de toxicidad. 

El Lic. Samuel Lizama, juez encargado de la Cámara Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), explica que “Se establecía la prohibición del uso de ingredientes activos de plaguicidas, ya sea en su grado técnico o como producto formulado, y que incorpora la creación de un Comité Técnico”.

A pesar de la presión ejercida por las organizaciones de la sociedad civil, el entonces presidente Mauricio Funes -nacionalizado nicaragüense tras su escándalo de corrupción-, quien ganó las elecciones con mayoría significativa en 2009, otorgando a las primeras planas de los periódicos la posibilidad de escribir una madera como: La izquierda, después de 30 años en el intento, llega a la presidencia, decide devolver la solicitud de reforma con una serie de observaciones. 

Las observaciones, explica el Lic. Lizama, estaban concentradas en la incorporación de un artículo 3-A. Fueron 4 las más destacadas:

– Estandarizar el listado de los productos, utilizando el nombre químico según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) y además, denominar los productos a prohibir a través del uso del ingrediente activo y nombre químico según ‘The Pesticide Manual, 14 edition, Editor CDS TOMLIN’, el cual es internacionalmente aceptado, incluso por organismos internacionales como FAO y OMS, argumentando que el menor cambio puede convertir al producto listado en otro totalmente distinto.

– Es necesario que dicha prohibición se base en principios científicos y en una evaluación del riesgo de preferencia, teniendo en cuenta las elaboradas por las organizaciones internacionales competentes (Cuando la ONU ya había dado sus razones desde la base científica en 1993).

– Incorporar parámetros de control en el texto del artículo y definir claramente que la prohibición se realizará con fundamento en la investigación Científica (Otra vez).

– Para efectos de facilitar la comprensión en cuanto a sus funciones, se recomendó separar lo relativo al Comité Técnico en un nuevo artículo denominado 3-B.

De este modo, para octubre del mismo año, la ley quedó en vilo y no fue superada. Actualmente sigue estando archivada sin efecto de renovación, y MINSAL continúa recibiendo cuadros clínicos de personas intoxicadas por uso de pesticidas, que para la comunidad internacional, no tendrían que circular como las manzanas o los zapatos deportivos, en un mercado al que le importa poco o nada proteger la salud y el medio ambiente.

Es fácil comprar venenos

Guillermo Hernández, de 73 años, es agricultor desde muy joven. Cuando se casó se mudó a Jurisdicción de Candelaria, en el cantón San Juan Miraflores Arriba, departamento de Cuscatlán. La población de Candelaria, es caracterizada por su actividad agrícola, específicamente por ser frutícola: cultivos de huertas y cítricos.

A los 7 años, Guillermo ya le ayudaba a su padre a cuidar las milpas de los pájaros. En ese tiempo no había muchos insumos tecnológicos que contribuyeran en el cuido de las plantaciones, por ello, en su mayoría, el trabajo se tenía que hacer de forma manual. A medida que el tiempo pasaba, iba haciendo más labores, como preparar la tierra, hacer la siembra, hasta llegar a la parte peligrosa de toda la cadena del proceso: fertilizar.

Hernández recuerda que cuando tenía que trabajar con milpa, había que fertilizar dos veces: la primera a los 15 días de nacimiento de la milpa, con el 21% de nitrógeno de sulfato de amonio. La segunda vez que hay que fertilizar es hasta después de un mes, utilizando la misma cantidad de sulfato de amonio fusionada con una fórmula conocida como 20-0. 

Cuando Guillermo usaba insecticidas para proteger los cultivos, tenía que cubrirse el rostro; al menos taparse nariz y boca para no ingerir el veneno, también se protegía con botas de hule, porque de no haber hecho eso, hoy, dice, no estaría contando el cuento.

En el Informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), sobre el uso de agrotóxicos en El Salvador y el impacto en los derechos humanos, especifica que cuando le preguntaron en 2016 al ingeniero Mauricio Sermeño, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), sobre la problemática, éste comentó que, tras años de vigilancia, se puede estimar que, tanto por reportes oficiales de las unidades de salud, como extraoficiales que no son reportados, calcula una incidencia de intoxicación por agroquímicos en 400.000 casos por año.

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Para poder adquirir insecticidas, hay que ir a un agroservicio y presentar el DUI, dice Guillermo Hernández, para que por lo menos tengan conocimiento de que la persona se puede responsabilizar en casos de accidentes. Los fungicidas, que sirven para controlar hongos, se pueden comprar así nomás, porque no son tan tóxicos, pero con sustancias más peligrosas, suelen ponerse más estrictos, comenta, aunque sin especificar si es necesario tener algún tipo de licencia o un respaldo más allá que el documento de identificación personal.

Muy parecida es la respuesta que da el ingeniero agrónomo Mario Díaz: “No se necesita ningún documento, solamente para aquellos que son altamente restringidos. Estos tienen las viñetas color rojo.”

La ingeniera química, Silvia Cruz, comenta que desde sus estudios profesionales, tanto agrotóxico como agroquímicos, pueden encontrarse matizados, aunque ambos encierran a la misma familia de productos, y ahí hay subgrupos: herbicidas, insecticidas, bactericidas, fungicidas, por ello, no hay que perder de vista que la industria agrícola, que hace uso de estas sustancias, llega a otras industrias como materia prima, por lo que tiende a volverse más complejos los alcances de estas sustancias.

“Cualquier sustancia química debe estar señalizada con un rombo. Esto es universal. Se trata de la norma NFPA, que indica los daños que puede ocasionar a la salud, en cuanto a la reactividad de la sustancia, lo inflamable que puede ser, y la protección que la persona debe tener para usarla.”, dice la ingeniera Cruz.

Las normas NFPA (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego), por sus siglas en inglés, son aplicadas a toda sustancia química. Ellas indican de 0 a 4 el nivel de riesgo, siendo 4 el peor de los niveles. “También, para saber el impacto que pueda tener una sustancia, se puede consultar la hoja de seguridad que se le exige a cada una. Se le puede pedir directamente al proveedor, quienes deben tenerla certificada, o incluso consultando bases de datos en internet.”, explica la ingeniera.

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Existe una brecha significativa cuando hablamos de protección a nuestros agricultores. Por un lado, hay personas que trabajan para ciertas empresas agrícolas, y éstos tienen mayor posibilidad de ser capacitados para saber qué plaguicidas son los más dañinos y cuáles no. Si un agricultor que trabaja para una empresa autorizada, debe o necesita comprar uno de estos productos con viñeta roja, tiene que llevar el comprobante de la empresa. 

Pero también están aquellos agricultores pequeños, que por falta de oportunidades para recibir capacitaciones, no tienen los insumos correspondientes para hacer uso de los plaguicidas, tengan el nivel de toxicidad que tengan. 

Además, según el ingeniero Mario Díaz, esta brecha también se relaciona con las condiciones no sólo de trabajo, sino también con la ayuda médica a la que están sujetos: “Los agricultores que están como empleados en empresas tienen cobertura de seguro social, pero los pequeños agricultores no se encuentran cubiertos bajo esta normativa, debido a los altos costos de producción sumados a la salud, que sólo tienen acceso al sector público.”

El ingeniero Díaz también señala que, en las zonas rurales, “(…) Hay proveedores y productores, así mismo pequeñas industrias que se levantan con el ánimo de solventar sus situaciones económicas, y a veces, por esto mismo, no dan cumplimiento a la regulación del MAG, a través de la cuarentena fitosanitaria que muchas veces no se ejecuta.” En otras palabras, la venta de agroquímicos de forma clandestina, es un factor latente.

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Para el juez ambiental de la zona oriental (una de las que más reportan casos de intoxicación según los datos de VIGEPES), Elí Álvarez, no se le da importancia a la legislación. Si bien existe una ley que obliga a los ministerios correspondientes, a revisar y auditar la venta de agroquímicos, esta labor no se está realizando efectivamente.

“A causa de los agroquímicos, mucha gente está muriendo de insuficiencia renal. Los cañeros: pequeñitos, medianos y grandes, riegan glifosato en avionetas para matar a los insectos, pero le están causando problemas a las personas que viven en las riberas de estos cañales.”, dice el juez Álvarez.

El juez se nota sorprendido ante la nula cantidad de denuncias ante estos problemas. Culpabiliza a una falta de cultura de la denuncia, y a su vez, cultura ambiental que no existe. Él dice que ha conocido algunos casos de personas que se han intoxicado de diferentes formas por contacto de plaguicidas. Comenta que en unidades de salud como El Rosario o en Gotera, corre la voz de pacientes que llegan tarde y mueren al no ser atendidos con el tiempo prudencial que se necesita. 

“Hay campesinos que entran en depresión, y lo que hacen es tomar un poquito de gramoxone (otro de los nombres comerciales con el que se conoce al paraquat) y se suicidan. En El Rosario hace poco supe de dos casos. Con nombre y apellido.”, dice el juez.

Recordando la ley del ‘73, el licenciado Álvarez menciona que hace falta incorporar al MINSAL, MARN y MAG, en los procesos de auditorías, pues la venta libre de muchos de estos productos, todavía está afectando a las zonas rurales. 

Para el ingeniero Mario Díaz, la problemática de la regulación tiene que atender también a las dosis que los agricultores deben usar para el riego de sus cultivos. Como él mismo dijo, el paraquat sigue siendo muy utilizado, pero tiene mucho que ver la cantidad de químico que utilizan. Es decir, si también los que se dedican a estas labores, supieran normativas sobre dosis, a lo mejor se redujeran los números de personas intoxicadas.

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La ingeniera Silvia Cruz comenta que uno de los continentes que posee mayor y mejores controles es Europa, pero que si ve el tema a nivel regional, reconoce que no es un tema del que se hable mucho, porque más que la cuestión ambiental, es un tema económico y social. 

“Si se quiere hacer un cambio en la manera de hacer agricultura, hay que invertir no sólo mucho dinero, sino que también tiempo, pues sólo para curar o preparar los terrenos se necesita mínimo un año, si no es que más.”, comenta la ingeniera Silvia.

Y hablando de tiempo, este factor es uno de los más cruciales en cuanto al daño que puede un fertilizante causar en el medio ambiente: el tiempo en que la sustancia se queda activa en el suelo, en cuánto se va a degradar y a qué instancia se degradará. Es preciso también preguntarse si puede o no contaminar agua del subsuelo, o qué tanto puede contaminar afluentes superficiales si es arrastrado por la lluvia u otros factores ambientales.

La ingeniera dice que algunas sustancias pueden ser volátiles, o sea, que con altas temperaturas puede convertir a la sustancia en un gas que podría ser tóxico. También se debería informar cuánto tiempo la sustancia puede estar activa en la ropa de las personas que la utilicen, y si éste factor puede generar una contaminación extra: a las familias o a los espacios en los que se transita con la ropa de trabajo puesta. 

Más allá de lo técnico, la ingeniera Cruz señala que, a pesar de que estos procesos  se conozcan por diversos profesionales, la necesidad de producir, producir y producir, es tan grande que se pasan por alto o ignoran los procesos que estos químicos realizan, y dañan al medio natural y desde luego, a la salud. 

“… Entonces, ¿qué voy a sacrificar para producir más?, se preguntan los empresarios. Esto no es sólo un problema de la agricultura. Está a nivel de industria. Es un tira y encoge. Entonces el sacrificio puede ser para bien o para mal. Es aquí en donde alguien tiene que tomar decisiones, como quien prefiere sembrar café de manera orgánica, a sabiendas que a lo mejor sólo se podrá producir 5 quintales.” , concluye la ingeniera.

Un país sepultado por la toxicidad

“Aquí, en nuestro medio se solía cultivar tomate, y la planta de tomate crece con una altura de más de un metro. Y entre más alta la planta, uno tiene que levantar el aspersor de veneno para rociarlo, y prácticamente uno se baña toda la cara. Si uno no se pone protección, eso es peligrosísimo.”, relata Guillermo Hernández.

El agricultor afirma que, en numerosas ocasiones ha visto o sabido de accidentes que suceden, mientras se trabaja con químicos en el campo. Entre ellos, algunos jóvenes que no han usado protección. Hernández destaca que uno de sus conocidos, mientras trabajaba con una bomba a presión para rociar veneno, inhaló el químico y cayó al suelo como un costal de papas, fulminado y cegado por el tóxico que utilizaba para ganarse la vida. 

El ingeniero Mario Díaz, dice que este tipo de situaciones parten de una falta de información y consciencia sobre lo que está en juego al manipular estos productos: “Normalmente, hay capacitación del manejo seguro de agroquímicos periódicamente, cada empresa debe ofrecerlas a sus empleados. El problema estalla cuando, en sus labores del día a día, aunque hubieran recibido estas capacitaciones, los agricultores ya no usan el equipo de protección personal, lo cual los expone en alto riesgo para hacer uso de los plaguicidas en sus propios cultivos. Esto desencadena las intoxicaciones masivas, pues es el agricultor y también su familia”.

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Desde hace poco más de 40 años, diversas organizaciones han puesto al centro de la discusión la contaminación generada por agrotóxicos, entre éstas se encuentra el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), una organización de la sociedad civil, conformada principalmente por docentes universitarios desde 1980. 

Su actual director, Ricardo Navarro, comenta que la problemática se viralizó, cuando en Guatemala, hace un poco más de diez años, surgían teorías sobre posibles madres campesinas, cuya lactancia estaba contaminada por haber estado expuestas a pesticidas. 

Cuando este diálogo llegó a El Salvador, las organizaciones se dieron cuenta de que existe hasta la fecha, muy pocas regulaciones legales que puedan abordar con mayor seriedad esta situación. De hecho, parte de la comitiva que apoyó a la Mesa por la Soberanía Alimentaria para la exigencia de la renovación de ley del ‘73, en 2013, estuvo conformada por miembros de CESTA.

“Hay algunos convenios internacionales, como el de Basilea, el de los contaminadores orgánicos persistentes, en fin, que el gobierno siempre lo firma, sin embargo no se le da seguimiento. Y las iniciativas promulgadas por los ministerios o la misma Asamblea Legislativa, han sido casi que inexistentes.”, comenta Navarro en referencia a las últimas exigencias de renovación de ley.

Una de las causas por esta falta de preocupación legal, según Navarro, se debe a que en su mayoría, las personas que son afectadas por este tipo de contaminación son agricultores, personas de escasos recursos, cuyas quejas se pierden en la burocracia del MARN o MAG y la Asamblea Legislativa.

“Muchos pesticidas que han sido prohibidos a nivel internacional, aquí siguen comercializándose por empresas pequeñas. Pero las grandes empresas, como la Bayer, se benefician a nivel internacional por los millones de dólares que gana con este negocio. Ellos tienen cierto poder para influir en los gobiernos.”, dice Navarro.

El ingeniero agrónomo Mario Díaz, explica que hay un top 10 de las empresas que más poder tienen en el mercado nacional. Mencionó algunas de ellas como Fertica, Proagro, Agrinter, Diagri, Sagrisa, entre otras. 

Entre esas otras se encuentra Avencor, una famosa empresa privada que se dedica al mercado de la jardinería, agricultura y productos alimenticios para animales (ganaderos y domésticos/mascotas), cuyas métricas de Google alcanzan el 4.3 de opiniones/reseñas, lo que indica una alta demanda. Quisimos conocer su postura al respecto de la regulación y auditoría que reciben de parte del MAG. Intentamos contactarnos a través de una llamada telefónica. Se nos compartió el contacto de Manuel Vega, agrónomo administrativo, a quien enviamos un correo para entrevistarlo, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos contestación. 

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El doctor en medicina general, Diego Serrano, explica que a pesar de la finalidad principal que los agrotóxicos tienen, que es el control de insectos y hongos parásitos que dañan a la agricultura, hay que recordar que muchas de estas sustancias también han sido utilizadas en el campo industrial, prácticas militares o policiales en diversos países.

Cada sustancia tiene diferentes grados de afectación a la salud, y para ello es necesario hablar de algunos factores: los compuestos activos, la vía del contacto, o la dosis. 

“En mi experiencia personal, he visto casos de muerte por exposición directa al paraquat, al romperse una bomba o un sello, en agricultores que lo ocupaban directamente.”, cuenta el doctor, para ejemplificar alguno de estos grados de afectación.

Epidemiológicamente hablando, dice, hay otros tipos de afecciones que pueden ser a largo plazo, o por combinación de otras problemas, como fusión de otras sustancias: plomo, o residuos de baterías alcalinas. 

Uno de los problemas que señala el doctor, es que hay una deficiencia en cuanto a los registros epidemiológicos, lo que abona a una despreocupación legal para manejar el uso de algunas sustancias. “Casi siempre un diagnóstico inicial, es definido como una sospecha. Los diagnósticos exactos o tratamientos permanentes para personas intoxicadas, son casi exclusivos de hospitales de tercer nivel. El seguimiento de estos casos, a primer nivel, suele ser insuficiente.”

La base de datos del VIGEPES, para 2018, registró 214 casos sospechosos por intoxicación para la zona oriental y 242 para la región occidental. Ya en 2019 hubo 249 en la zona oriental, y 266 para occidente. Sólo una pequeña porción de estos datos se confirman en el diagnóstico final. 

El doctor explica que las muertes directas que pueden ocasionar los pesticidas, se originan por afectación a enzimas del sistema muscular, digestivo o nervioso. Cuando la persona sobrevive a una exposición o intoxicación, las secuelas más comunes que se pueden presentar son: problemas de habla, motricidad, ceguera, trastorno del sistema nervioso, insomnio o paranoia. Se pueden contar también los problemas fetales si la persona afectada es una embarazada. Y en los niños se presentan más complicaciones óseas o musculares.

No se pueden obviar las enfermedades renales, o respiratorias, que pueden aumentar la concentración de sustancias en el cuerpo, y por tanto ralentizar el proceso de excreción, dice el doctor. 

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“Por lo general, el consumo de alimentos que fueron tratados por plaguicidas y agrotóxicos suele ser bajo. Hoy en día contamos con estándares de control mínimo, y podemos lavar la verdura que compramos. Sin embargo, los más afectados pueden ser las personas de más bajos recursos, por no poder desinfectar correctamente sus alimentos. Ahí está el riesgo. Una fruta mal lavada, o que ha sido importada ilegalmente o que no cumpla con ciertos estándares…”, comenta el doctor Serrano.

El doctor sugiere que en relación a las políticas públicas de salud, deben dejar de discutirse sólo a nivel económico y político-partidista. La legislación no debe ser dogmática, y es necesario que responda a evidencia científica. Se tendría que considerar la comercialización, las dosis máximas a utilizar (como lo sentenció el ingeniero Díaz), espacios adecuados para los cultivos, supervisión de equipos multidisciplinarios: médicos, inspectores laborales, abogados e investigadores. 

La respuesta inmediata ante accidentes, en el sitio del accidente, también necesita considerarse por parte de una empresa. “Muchos accidentes industriales como estos, se atienden tardíamente, en todo lo que el paciente llega al hospital desde la zona franca o de cultivo”, explica el médico.

“Esto no está relacionado directamente a los accidentes, pero también genera bastante impotencia saber que los hospitales no cuentan con el equipo apropiado para estos casos, como ambulancias aéreas, ventiladores mecánicos, esteroides, medicamentos de acción directa en el sistema nervioso, o la mala coordinación con otras instituciones, como con la Cruz Roja o voluntarios que llevan al paciente, y no se cuenta con suficiente información sobre el caso antes de que la persona quede en manos médicas. Considero que no se informa de manera adecuada, por no tener suficientes registros epidemiológicos, y el problema cada vez se va invisibilizando más.”, concluye el doctor lamentándose.

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Las siguientes gráficas, muestran la cantidad de casos cuyos diagnósticos finales, resultaron positivo a intoxicación por plaguicidas, en la zona oriental y occidental (siendo las regiones que más confirmaciones muestra a causa de la actividad agrícola) de El Salvador en los últimos dos años, 2018 y 2019, así como los primeros cuatro meses del 2020, que según el doctor Serrano, por estar volcado en la pandemia del covid-19, ha hecho más invisible el problema.

*Fuente: Base de datos del sistema de Vigilancia Epidemiológica (VIGEPES) del Ministerio de Salud (MINSAL)

¿Qué podemos hacer?

El juez Elí Álvarez dice que los juzgados ambientales, por el momento, no están haciendo nada para mejorar las condiciones legales que sostienen el tráfico -lícito e ilícito- de agroquímicos. 

Cuando le preguntamos a la ingeniera Grecia Henríquez, jefa de laboratorio agrícola del (CENTA) sobre las regulaciones, nos dijo que lastimosamente tienen más de 20 años de no realizar análisis de químicos, ni de participar en la regulación. Aseguró que como institución no están actualizados en el tema.

A raíz de estos vacíos en las instituciones, Elí afirma que estos problemas seguirán sucediéndose, hasta que el Estado, en conjunto con sus organismos, puedan trabajar de lleno en la problemática. Para él, esta es suficiente razón para emprender una serie de ciclos sobre educación ambiental en la zona oriental, que aún está en desarrollo. 

Por otro lado, Ricardo Navarro, cree que si se impulsa de forma planificada las prácticas orgánicas, el panorama tal vez pueda tener otro paisaje. Uno menos desolador, quizás. Por ello, CESTA intenta promover los huertos caseros desde los últimos 10 años, en zonas como San Jacinto en San Salvador, y otras áreas metropolitanas, ya que para Navarro, la conciencia ecológica es lo fundamental. La necesidad. La urgencia. 

Guillermo Hernández recuerda que desde hace muchos años, los sindicatos de su zona (Candelaria) se han desvanecido a raíz de las persecuciones políticas que sufrieron durante la guerra civil. Para él, esta podría ser una entrada hacia la educación ambiental, porque él no tiene memoria de haber recibido capacitaciones con enfoques orgánicos u ecológicos. 

En algún momento, afirma que sí asistió  a capacitarse gracias a delegados del MAG, pero siempre se trató de los métodos -que en palabras de Navarro son más baratos- que involucran manipulación de pesticidas, cuya regulación no está respondiendo a la seguridad y la dignidad humana y natural. 

El ingeniero Díaz afirma que cada año se hacen diferentes estudios sobre sustancias, por lo que tanto las normas de uso como la información disponible, y manejada por la comunidad internacional-gubernamental, debería de actualizarse constantemente. Lo que ayer funcionó, no significa que todavía sigue siendo adoc a las necesidades del presente. 

No tenemos protección. 

Al menos no hasta que las leyes y los Estados tomen en cuenta los informes, las estadísticas, los testimonios, las historias, y el dolor que sigue al día de hoy, causando el uso irresponsable y poco restringido de plaguicidas.